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HIPOTECAS | También en Lanzarote
Anulan una nueva hipoteca porque el banco abusó en el cobro de los intereses de demora
- El juez declara 'abusivos y usurarios' los intereses de demora del 19% del BBVA
- Declara nula la hipoteca y el procedimiento de ejecución hipotecaria
- Se propone acelerar los trámites de embargos pendientes de su juzgado
- Se remite a la jurisprudencia del TS sobre la nulidad de cláusulas abusivas
- En Pamplona, una juez paraliza otro desahucio apelando a la sentencia de la UE
Un juez ha declarado nulo el préstamo hipotecario concedido a una pareja de Lanzarote a punto de ser desahuciada al considerar que los intereses de demora eran "abusivos", en un auto en el que sostiene que el afán de enriquecimiento de los bancos está en el origen de esta crisis.
En la decisión, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arrecife declara "abusivos y usurarios" los intereses de demora del 19% que el BBVA cobraba a estos clientes por retrasarse en los pagos y denuncia que este tipo de prácticas bancarias constituye "un abuso inmoral que, desde luego, no puede ser consentido ni amparado por los Tribunales de Justicia". Hace 20 días, otro juez de Arrecife declaró nula otra ejecución hipotecaria alegando indefensión de la pareja endeudada.
El juez Juan José Cobo Plana culpa incluso a los bancos de haber contribuido "decisivamente" a la "crisis económica y recesión que vive este país y el mundo entero" y a los altos niveles de desempleo que están detrás del impago de las hipotecas, con "su desmedido afán de aumentar su negocio y sus beneficios".
El magistrado da un paso más allá del caso concreto que le ha llevado a dictar esta resolución y ordena a su secretario que le "ponga sobre la mesa todos los procedimientos de ejecución hipotecaria" que esté tramitando su juzgado "a los efectos de resolver sobre la posible nulidad de los mismos".
Cobo Plana argumenta que, en esta época de "crisis profunda", es "un abuso" que los bancos "sigan fijando y manteniendo unos tipos de interés moratorios superiores a los intereses básicos que rijan en cada momento el mercado hipotecario" y que "carece de sentido de actualidad" concebir los intereses de demora como "una sanción o pena" por no cumplir la obligación de pagar al día las cuotas.
"La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de las personas que dejan de pagar un préstamo hipotecario lo hacen sin ningún tipo de culpa por su parte. Lo hacen porque han perdido su trabajo y están en el paro, sin que exista ninguna posibilidad de volver a encontrar otro o porque les han reducido sustancialmente su salario", razona el juez.
Añade que "lo llamativo del asunto es que esa pérdida de trabajo, que es la que provoca el impago del préstamo hipotecario, no solo no es culpa del prestatario, sino que en realidad es imputable en gran medida al prestamista, esto es, a las entidades financieras", que han contribuido "decisivamente", insiste, a la recesión, con su "desmedido afán" de beneficio.
Intereses que no se justifican
Este juzgado mantiene así que, "en los tiempos en que vivimos, no tiene ninguna justificación, salvo el afán de enriquecimiento de las entidades financieras, el establecimiento de intereses moratorios superiores, ni siquiera en un punto, a los intereses normales, dado que ninguna pena o sanción se puede imponer a quien ninguna culpa tiene por no poder atender a un préstamo hipotecario".
El auto, contra el que cabe recurso ante la Audiencia de Las Palmas,declara nulos la escritura del préstamo concedido a esta pareja de residentes en Lanzarote, la hipoteca que lo garantiza y el procedimiento hipotecario que se ha seguido contra los deudores, así como todas las actuaciones practicadas durante su tramitación.
Jurisprudencia
Para tomar esta decisión, el juez se remite a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de contratos que contengan cláusulas abusivas, una materia que ahora cobra más importancia en los procedimientos de ejecución hipotecaria tras haber fallado el Tribunal de Justicia de la UE que la legislación española en esta materia contraviene el derecho europeo de protección del consumidor, precisamente por no permitir a los jueces controlar si se ha producido un abuso antes de ejecutar un desahucio.
El auto se apoya también en sentencias anteriores del Tribunal Supremo para concluir que declarar nulo un préstamo por estimar que contiene cláusulas abusivas y usurarias conlleva directamente la nulidad de la hipoteca suscrita como garantía.
Paralizan otro desahucio en Pamplona
Al igual que en Lanzarote, una juez de Pamplona se ha inspirado en la setnencia del Tribunal de Luxemburgo para suspender el desahucio de una familia en el barrio de San Jorge de Pamplona, alegando que la sentencia del tribunal europeo señala contraria a la directiva protectora de los derechos de los consumidores la ausencia de un cauce que permita la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria cuando se cuestione la validez de las cláusulas contractuales.
Al respecto, argumenta que "debe facilitarse la suspensión del procedimiento cuando la invocación de una nulidad de las cláusulas (no oponible en el seno del proceso de ejecución) pueda condicionar el resultado final del procedimiento".
"La decisión de suspensión -añade- ha de residenciarse en el órgano jurisdiccional presente, que es el que conoce del procedimiento y el que debe valorar hasta qué punto el procedimiento catalogado de prejudicial puede condicionar la resolución que a él le compete dictar"
Wert se lanza a la ´persecución´ de las webs de enlaces
El anteproyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual prevé multas de hasta 300.000 euros
22.03.2013 | 18:53
EP / EFE/ MADRID El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual, con la que se pretende potenciar los instrumentos de lucha contra la piratería en Internet y que otorgará más transparencia a las entidades de gestión de los derechos de autor. La reforma se aprobará en esta legislatura.
Según ha anunciado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, tras la reunión del Consejo de Ministros, los cuatro ámbitos que aborda este anteproyecto son las entidades de gestión de derechos de autor, los procedimientos de lucha contra la piratería, la limitada revisión del concepto legal de copia privada, "atendiendo a los progresos de la sociedad de la información", y la trasposición de la Directiva 2011.
Respecto a la mejora de la protección de los derechos de propiedad intelectual en internet, las sanciones se fortalecen y se introduce un régimen sancionador gradual, de entre 30.000 y 300.000 euros, en función del grado de infracción. De esta forma, habrá mayor capacidad para actuar frente a las páginas que más vulneran la propiedad intelectual.
Wert ha indicado que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil permitirá la identificación de un prestador de servicios de la sociedad de la información sobre el que concurra "indicios razonables de estar poniendo a disposición contenidos protegidos a gran escala".
Así, en la fase de diligencias preliminares el supuesto infractor podrá ser identificado, lo que permitirá al perjudicado acudir inmediatamente a la vía civil. Asimismo, se ha realizado un ajuste en la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, mediante la publicación de un tablón de edictos electrónicos.
Además, según el contenido del anteproyecto, se podrá solicitar la retirada de sus servicios tanto a los intermediarios de pago como a las agencias de publicidad que incluyan anuncios en estas páginas.
Wert ha incidido en la "filosofía de persecución" de quienes realizan a gran escala los actos de difusión ilícita, "tanto alojadores como facilitadores mediante enlace". En cambio, se pretende excluir a quienes de forma no maliciosa facilitan información sobre el acceso ilícito.
Más transparencia
Respecto al refuerzo de la transparencia y vigilancia de las entidades de gestión, Wert ha indicado que esto se traduce en la "limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e imponer tarifas", de modo que no se produzca una "asimetría entre las entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios".
El texto también prevé que en las situaciones en las que distintas entidades de gestión tengan que proyectarse sobre un mismo ámbito sometido a esa protección, se unifiquen las actuaciones bajo la coordinación de una de esas entidades.
A través de un cuadro de sanciones e infracciones, se sancionará el incumplimiento de las obligaciones legales, especialmente las relacionadas con la transparencia en su gestión. Habrá infracciones y sanciones si se incumplen estas obligaciones, que llegarán hasta el dos por ciento de lo recaudado en el ejercicio anterior.
"Copia privada"
Respecto a la revisión del concepto de copia privada, el ministro de Educación, Cultura y Deporte ha explicado que este proyecto acota de forma más precisa los límites del concepto de copia privada y adecua la definición declaraciones jurisprudenciales, como por ejemplo el Tribunal de Justicia Europeo y la sentencia Padawan, que excluye del ámbito de copia privada los usos profesionales.
Se concentran en la protección de la copia privada las actividades más usuales: la duplicación sin fines comerciales ni lucrativos de CD y DVD y la grabación de material difundido en radio y televisión, y se amplían algunas de las excepciones en el ámbito de la enseñanza y de la investigación científica.
A partir de ahora, se remitirá un informe sobre el anteproyecto a los ministerios involucrados (Economía y Competitividad, Turismo, Hacienda y Administraciones Públicas y Justicia) y se abrirá un periodo de consulta con las comunidades autónomas, y un trámite de audiencia con las entidades interesadas.
Las ocho entidades de gestión de derechos de autor han asegurado, en un comunicado conjunto, que el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual perjudicará "gravemente" a los ciudadanos y beneficiará "considerablemente" a las multinacionales tecnológicas.
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